BOLIVIA - 09 de junio del 2009

En Bolivia hay 53 millones de hectáreas de bosques, que es lo que representa el 48 por ciento de su territorio, de las cuales 8.5 millones tienen alguna forma de manejo forestal. Sólo el 2.7 millones de hectáreas cuentan con certificación.

A la fecha, en los 123 municipios con vocación forestal existe alguna forma de explotación maderera del bosque.

Estos datos fueron analizados en el “Foro de gestión ambiental: Políticas públicas y experiencias municipales”, que se realizó entre el 3 y 5 de junio en la ciudad de La Paz.

El asesor en proyectos del Programa de Conservación Andes del Sur, de la institución The Nature Conservancy, Wilson Rocha, destacó a Enlared-Onda Local el papel preponderante que los gobiernos locales tienen en el manejo sostenible de los bosques.

“Son ellos (los municipios) los que están en el área; ellos los que pierden si hay fuga de sus recursos o tala ilegal; que sienten la degradación ambienta. Creo que a partir de la centralización del control y fiscalización de los bosques, debería trabajarse con los gobiernos municipales para que éstos asuman el control”, aseveró.

El desafío es combinar el manejo sostenible de los bosques y la promoción del desarrollo económico local.

Según Rocha, el manejo integral del bosque genera beneficios adicionales por la venta de carbono, el biocomercio y el aprovechamiento no maderable. Por esto, los gobiernos locales deben crear una Unidad Forestal Municipal (UFM), para ejercer labores de control y coordinación.

La producción forestal en general es rentable. Los indígenas y campesinos que se dedicaron a esta explotación, por ejemplo, mejoraron sus ingresos, en promedio, entre el 23 y el 100 por ciento.

Si bien los gobiernos municipales no son sujetos de derecho de uso forestal, no pueden explotar directamente el recurso, pueden, en cambio, coadyuvar a que sus “actores forestales” (comunidades y empresas) logren la certificación forestal.

Las alcaldías también pueden contribuir con el ordenamiento territorial del municipio, la organización de tierras interna de las comunidades, y definir las áreas de crecimiento de la frontera agrícola y las áreas de protección de bosques, entre otros aspectos.

El modelo de explotación sostenible de los bosques establecido en la Ley 1.700 busca la “Regeneración natural de la especie”; para eso determina un ciclo de tala de árboles de 20 años y por áreas.

“Hemos llegado a 360 millones de dólares por productos forestales, 270 millones corresponden a madera y el remanente a castaña. A través del modelo forestal de regeneración de especies y ciclos de 20 años de corta, hemos identificado especies forestales no sólo ricas, sino alternativas, como mara macho, almendrillo, tajibo, madera dura”, dijo Wilson Rocha, de The Nature Conservancy.

En el país existen aproximadamente 100 Organizaciones Forestales Comunitarias (OFC), que realizan un manejo forestal en sus Tierras Comunitarias de Origen (TCO).

Además, existen 60 Agrupaciones Sociales del Lugar (ASL) organizadas en forma semejante a las cooperativas, y que han recibido ingresos de hasta 350 mil bolivianos por la venta de madera. En total, en el país hay 1.100 empresas registradas por la ex Superintendencia Forestal.

La certificación forestal implica un ingreso económico significativo, que se destina a fortalecer a los productores forestales de las provincias y municipios que tienen áreas de bosque.

También existe un Fondo de certificación forestal impulsado por la Cámara Forestal de Bolivia, que otorga financiamiento accesible a los productores.

El proyecto “Ciudades por los bosques” promueve que los principales municipios de Bolivia tengan un consumo responsable de la madera. Se trata de que los gobiernos locales y prefecturas en forma gradual vayan descartando el comprar productos de madera ilegal o de origen desconocido.

Una madera que proviene de una fuente ilegal no está cumpliendo con el marco normativo en vigencia y provoca un desequilibrio en el ecosistema, la flora y la fauna, por la degradación de bosques, destaca el oficial de Comercio Forestal de WWF, Gonzalo Peña.

La Alcaldía de Santa Cruz, por ejemplo, ya tiene tres años de avance de la iniciativa “Ciudades por los bosques” para toda compra de muebles y papelería exige el certificado forestal; en este camino está el Municipio de La Paz y la Cooperativa Rural de Energía (CRE).

“Nuestra institución provee de los recursos financieros, a través de donaciones de otros países, principalmente de Europa, mediante lo cual podemos colaborar a las instituciones y empresas que se adhieran a nuestra iniciativa. No es caro, pero sí demanda una participación efectiva del personal a nivel de recursos humanos y del tiempo, aplicación de normas internas y procedimientos”, destacó Peña.

En el Municipio de Independencia, en Cochabamba, también se aprobó una norma regional de manejo de recursos naturales y medio ambiente con apoyo de Ecobona e Intercooperation.

Por otro lado, 184 sindicatos participaron de la norma y ya tienen un plan de gestión riesgos, manejo de cuencas y aprovechamiento de bosques. Además busca la reforestación con tres viveros municipales con más de 300 mil plantines, entre exóticos y nativos.

 

FUENTE:agromeat.com

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